EN CONTRA DE LA POSICIÓN DE LA FISCALÍA

La 'Ley Sinde' no basta: EEUU urge a que España penalice las descargas p2p

Wert recibe la cartera de Educación, Cultura y Deporte de manos de Ángeles González-Sinde (Efe).

La puesta en marcha de la Ley Sinde-Wert no es suficiente para la Administración Obama. El Gobierno estadounidense quiere que España dé un paso más y estreche el cerco al intercambio de contenidos entre usuarios, las denominadas descargas p2p (peer to peer). Una fórmula que la Fiscalía General del Estado dejó claro que no constituía delito en una Circular lanzada en el año 2006, documento que ahora Estados Unidos insta a invalidar. “Debe ser revisada y el problema ahogado”, zanjó ayer Kira M. Alvarez, miembro de la agencia gubernamental americana dedicada a política comercial y responsable del Special 301 Report, una suerte de lista negra de países que no cumplen en materia de propiedad intelectual.  

Durante un encuentro promovido por la Cámara de Comercio Americana en España (AmChamSpain), Alvarez aseguró que la Fiscalía perpetuó el problema hace más de un lustro, al no dar un tratamiento penal a las descargas que se efectúan a través de redes p2P. La Circular en cuestión es tajante: “Quienes colocan en un sitio de Internet una obra protegida sin la autorización de su titular o los usuarios de un sistema peer to peer de intercambio de archivos realizan una conducta de comunicación pública no autorizada, e infringen el derecho exclusivo del titular; dicha infracción es susceptible de ser denunciada y reparada mediante el ejercicio de las correspondientes acciones de carácter civil, pero en principio (…) no concurre en los mismos el elemento subjetivo del ánimo de lucro que exige el tipo penal”.

La postura de EEUU no es altruista. Busca proteger a sus empresas en España. Y Alvarez se acogió a las cifras. Por ejemplo, recordó que el mercado discográfico es hoy una quinta parte de lo que era en 2005. Y que, sólo en el primer semestre del año 2010, las grandes multinacionales estadounidenses del entretenimiento dejaron de ingresar 3.600 millones de dólares por la piratería. Avanzar en la supervisión de los intercambios p2p sería el siguiente paso, tras la aprobación y la puesta en marcha del reglamento de la Ley Sinde-Wert, que avala el cierre de webs que enlacen sin autorización a contenidos sometidos a derechos de autor. “Es un logro significativo y prometedor”, apuntó, admitiendo que por ese avance EEUU sacó a España de la Watch List (relación de países bajo supervisión) del Special 301 Report.

“Instamos a dar prioridad a la plena implantación de la Ley Sinde y su proceso administrativo”, insistió, con el fin de que la nueva norma tenga un impacto “expeditivo y eficaz para la retirada de contenidos, incluidos los de enlaces”. En esta línea, el presidente de la AmChamSpain, Jaime Malet,lamentó que no se tenga aún claro “cómo se va a aplicar la nueva ley” y calificó de “lacra social y cultural” que robar ideas en España no se perciba como robar. “Es un problema social muy arraigado en la sociedad española –insistió en declaraciones a El Confidencial-. Enlaza con la percepción social del esfuerzo, no se trata sólo de una cuestión de leyes. Hasta las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen que tomar conciencia”.

Malet destacó el trabajo realizado para sacar a España de la Watch List, en la que compartía críticas con China, Venezuela, Costa Rica, Bielorrusia o Brunei, entre otros Estados. “Nos vimos con el responsable de la United States Trade Representative, Ron Kirk. El propio embajador, Alan D. Solomont, ha realizado un gran trabajo. La aprobación de la Ley Sinde fue el primer paso. Sin embargo, ayudó que una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno fuera aprobar el reglamento para el desarrollo de esa norma. Estar en esalista negra no sólo es negativo por lo que supone de ausencia de respeto a la propiedad intelectual. También supone un problema para la inversión extranjera en general”, remachó

Dinero para bancos y no para fármacos

El foro, centrado en la innovación y la propiedad intelectual e industrial, dedicó parte de su tiempo a la problemática del sector farmacéutico. Un enfoque más que pertinente después de que los laboratorios Roche hayan decidido fijar límites en sus condiciones de suministro a doce hospitales españoles, debido a los elevados niveles de morosidad de las autonomías. No es una posición común. Elvira Sanz, presidenta de Pfizer, aseguró a este diario que respeta las decisiones de otras compañías, pero dejó claro que su firma mantendrá la entrega de medicamentos a los centros. La Cámara, con farmacéuticas en sus filas como Lilly o la propia Pfizer, ya ha denunciado la situación ante la Administración, con plazos medios de cobro de 421 días, que en algunos casos llegan a los 48 meses.

Las comunidades se defendieron. “Se han tomado medidas drásticas como el Real Decreto 16/2012 para ahorrar mil millones, y en 48 horas se van 30.000 millones en recuperar a uno de los bancos españoles”, aseguró el viceconsejero de Salud de Euskadi, Jesús María Fernández Díaz. Por su parte, el responsable de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, insistió en la necesidad de reformar un sistema “basado en dejar a deber”. Por eso el copago lanzado por el Ministerio de Ana Mato “debía haberse hecho hace muchísimos años”, añadió. Y se confió para solventar la situación al programa de pago a proveedores puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda, una iniciativa que “permitirá dar respuesta financiera” a los proveedores.

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elconfidencial